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| Associació de Famílies Nombroses de Catalunya | Castellano
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ENTREVISTA d´ABC a Lucía Figar, secretaria general d´Assumptes Socials
¿Qué está haciendo el Gobierno del Partido Popular por las familias españolas? La familia es, desde siempre, el núcleo de la política del Partido Popular. Nosotros creemos en la familia como núcleo de la sociedad y como principal instrumento de la transmisión de valores. Siempre nos hemos centrado en apoyar a las familias. Siempre ha sido una seña de este Gobierno. ¿Cosas que hemos hecho? Por ejemplo, la última reforma de la renta es una reforma que no se entiende desde otra perspectiva que no sea el apoyo a las políticas familiares. Por supuesto también está el programa de creación de guarderías que ha lanzado el ministro Zaplana este año y que se ha ofrecido a realizar en colaboración con las Comunidades Autónomas y con las empresas. Lo que se pretende es incentivar que las propias empresas creen guarderías en sus centros de trabajo o en el entorno más próximo, y es un programa dotado con siete millones de euros. Un tercio es financiado por la Comunidad o el Ayuntamiento; otro tercio, por el Gobierno, y el otro, la empresa. Existen ya numerosas peticiones para acogerse al programa. Luego está el anuncio de una futura ley de familias numerosas, que sustituirá a la ley de 1971, que no se adapta a las necesidades de las familias numerosas actuales. ¿Cuáles son las nuevas iniciativas en las que participa actualmente el Gobierno? Por supuesto, dentro de otras iniciativas que está impulsando el Gobierno, se debe implicar a la sociedad civil, a los agentes sociales y a las empresas en todas las políticas familiares. Y en esta línea se inscriben la Fundación + Familia, que se presentó el pasado jueves ante José María Aznar, y el certificado de empresa familiarmente responsable. ¿Qué ha hecho ahí el Gobierno? Pues ha promovido conjuntamente con la Federación Española de Familias Numerosas la creación de esa fundación, que no irá sólo dirigida a las familias numerosas, sino a la familia en general. A través de ella se creará un certificado oficial que otorgará el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a propuesta de la Federación de Familias Numerosas, el certificado de empresa familiarmente responsable, que valorará una serie de medidas como la flexibilidad de horarios, tiempo libre para la formación del empleado, concesión de excedencias para el cuidado de hijos pequeños, discapacitados o enfermos, y de beneficios sociales como seguros médicos, de vida, planes de jubilación... Pensamos que el certificado de empresa familiarmente responsable va a ser un activo que la empresa cada vez buscará más, y que le permitirá atraer a los trabajadores más cualificados. ¿Qué objetivo se persigue? El objetivo es que las empresas se impliquen en la conciliación de la vida laboral y familiar, como ya lo hace el Gobierno. Se supone que las empresas se implicarán porque están convencidas de ello. Asimismo, ayudaremos a que el mayor número de empresas posean el certificado de empresa familiarmente responsable. Actualmente, calculamos que solamente el 7 por ciento de empresas en España de más de 100 trabajadores desarrolla políticas en este sentido. Nosotros tenemos el objetivo de que en el primer año de funcionamiento de este certificado, el número de empresas que sean familiarmente responsables aumente hasta el 20 o el 25 por ciento. Si fuera así, sería un éxito importante. Pese a los ataques que ustedes han recibido, lo cierto es que la tasa de fecundidad en España ha empezado de nuevo a subir El problema histórico que ha tenido España ha sido el del empleo femenino. Y la apuesta grande que hace este Gobierno es la de la conciliación de la vida laboral y familiar. El Ejecutivo está desarrollando medidas para que las mujeres no se vean obligadas a elegir entre tener un hijo o tener un trabajo. La clave es la conciliación, ha sido la apuesta grande que ha hecho este Gobierno y la causa de que esa tasa de fecundidad vuelva a ir en aumento. ¿Cómo puede acabar el Gobierno con la discriminación salarial entre hombre y mujer que todavía existe en España? Nosotros pensamos que las dos vías son perseguir a través de la Inspección de Trabajo -como ya hacemos- estos casos allí dónde se den y al mismo tiempo impulsar y fomentar un cambio de mentalidad. Todavía hay, trágicamente, empleadores que creen que el hombre, por ser hombre, pese a desarrollar el mismo trabajo que una mujer, tiene que cobrar más. Por último, ¿están tomando nuevas medidas para proteger a las víctimas de la violencia doméstica? Las medidas tomadas contra la violencia doméstica por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales me parecen absolutamente revolucionarias en este campo. Una es la creación de la orden de protección, que obliga a un juez a resolver una serie de medidas cautelares en un plazo de 72 horas, a instancia de la víctima, de la Policía o del Ministerio Fiscal. Y si concede en ese plazo la orden de protección a la víctima, ésta tendrá un estatuto jurídico solvente mediante el cual tendrá acceso a otras medidas. Lo que importa es que desde el minuto cero esa víctima está protegida. ¿Tendrán un apoyo económico efectivo las víctimas? El juez tendrá a su disposición un abanico de medidas, que suponen un cambio total en la concepción de la lucha contra la violencia doméstica: que el maltratador esté obligado a abandonar el domicilio, que los hijos permanezcan al cuidado de la víctima, y que la víctima pueda entrar acto seguido con esa orden de protección en el programa de renta activa de inserción, que es un programa dirigido a la formación y a la búsqueda de empleo para personas que cumplan una serie de requisitos, como tener más de 45 años y llevar más de un año en paro. Las víctimas, sólo con presentar la denuncia en el INEM, pueden acceder a este programa, que les da derecho a cursos de formación durante tres meses y durante los diez siguientes meses cobrando unos 300 euros al mes, que viene a ser el 75% del salario mínimo interprofesional. Además, mediante un cambio normativo con carácter inmediato -que lo haremos de forma paralela a la orden de protección- las víctimas no tendrán que esperar tres meses para cobrar los 300 euros, sino que empezarán a hacerlo inmediatamente después de solicitar la ayuda en el INEM. Lo fundamental en esta estrategia es castigar al maltratador y garantizar la independencia económica de la víctima, que les impulse a vivir una vida lejos de la persona que las maltrata. |
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